Presentación

Quiero compartir mis reflexiones e ideas sobre el futuro de la sociedad


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miércoles, 22 de abril de 2015

El proceso democrático en el Estado colaborativo

El proceso democrático, es la única vía para asegurar de la gobernanza y el mantenimiento de un Estado colaborativo. Es el individuo, de forma autónoma y soberana quien se constituye como ciudadano de una comunidad para  aceptar las reglas de juego. Sólo el ideal democrático se demuestra válido para  conjugar el bien individual y común.  Asegurar el proceso democrático e incrementar su nivel de calidad es el primer servicio del Estado colaborativo.
Para validar un proceso de votación debe darse una Participación efectiva de la ciudadanía, que exista Igualdad de los votos en la etapa decisoria, Autonomía para la toma de decisión,  Control de la Agenda política final e Inclusión de todas las opciones y de los ciudadanos del Estado.  El peligro de las actuales democracias participativas, es el inmovilismo de los partidos para incrementar la democracia del sistema, e implica un desbalanceo de fuerzas representativas, (la actual oligarquía partitocrática). Además, la falta de control de agenda,  y la imbricación de los intereses corporativos en lo público provocan una ruptura del “contrato social” entre instituciones del Estado y los ciudadanos. La representatividad del Estado está cuestionada, y el impulso colaborativo de la sociedad lo trunca la realidad política. El Estado colaborativo solo puede avanzar y convertirse en un nuevo “contrato social” si se acelera su reestructuración a favor de la democracia.
La mejora del proceso democrático es el garante de la colaboración, y por tanto es el único servicio que certifica la integración del Estado con cada uno de los ciudadanos. El primer punto en cuestión dentro proceso democrático Colaborativo, es la representatividad. Las democracias (o poliarquías) parlamentarias, han traspasado la confianza en la representatividad al deshacer la separación de poderes y subvertir programas y agendas políticas a intereses partidarios. La representatividad ya no es eficiente para el proceso democrático, en cuanto lo desmantela. Por ello, hay que abundar en la democracia participativa y directa en las grandes cuestiones del Estado.
La representatividad parlamentaria fue la única solución viable ante el aumento del tamaño y complejidad de los estados. El crecimiento de población y el incremento de diversidad cultural hacían inmanejable la gobernanza directa. Por otro lado, el desigual acceso a recursos, información y las diferencias culturales de la ciudadanía, obligaban a la delegación de soberanía en representantes preparados con reputación y confianza suficiente. Los parlamentos de los pasados siglos, cumplieron en gran parte su labor, al aumentar el bienestar social, y la calidad de vida de la comunidad. Pero ahora, todo ha cambiado
La creación de procedimientos y  métodos para mejorar el proceso democrático, no es sino mejorar el gobierno de un Estado, en tanto que entrega más poder al ciudadano, favorece y refrenda la colaboración.  La consecución de este objetivo, es incompatible con los tres poderes clásicos, y puede quedar fuera de su competencia. El poder judicial es el intérprete de la norma y el Ejecutivo quien preserva su cumplimiento. Corresponde en todo caso al Legislativo la creación de normas y por tanto también las que mejoran el proceso democrático. Pero la realidad histórica demuestra que esta opción es inviable. Por una parte, es notorio que la realidad social siempre va por delante de la normativa. Jamás se han dado saltos cualitativos en legislación democrática sin exigencias más o menos violentas del pueblo  o circunstancias excepcionales. Son contados los casos en que la legislación haya ido por delante de las necesidades sociales, adelantándose e innovando. Al contrario, la innovación se deja de lado en las leyes, que siempre van a remolque de la realidad y encuentran seria oposición de los gobernantes. Además, el Legislativo, como representante de la ciudadanía, adquiere un poder que no desea abandonar. La falta de un contrapeso efectivo, tiende al monopolio y como ya se ha manifestado en las últimas décadas, invade el resto de poderes mimetizándose en el Judicial e indistinguible con el Ejecutivo. En conclusión, la delegación de poder en la ciudadanía, la cercanía con realidades cambiantes y la necesaria innovación normativa son incompatibles con las tres estructuras de poder.  Cuando Montesquieu creo la estructura de los tres poderes, no podía detectar la velocidad de los cambios sociales de un mundo global tecnificado. Probablemente, concebía la democracia formal como una estructura estática, sólida y muy diferente a la actual realidad líquida y fluída.
Por ello, el Estado Colaborativo crea un cuarto poder efectivo, cuya misión es mejorar el proceso democrático y evolucionar la estructura del Estado. Funciona como interfaz entre los tres poderes clásicos y la ciudadanía, preservando la independencia entre ellos, pero sometidos a un control constante. Su misión es integrar y mantener la representatividad entre las Instituciones del Estado y la ciudadanía, impulsar el proceso democrático y velar por la gobernanza del Estado. Es la vía para oponer el inmovilismo y burocracia de las instituciones clásicas al movimiento innovador que requiere la sociedad. Este poder  es institucionalizado por la “Oficina del Ciudadano”.
Como responsable del proceso democrático, convoca  elecciones, referéndums, y consultas. Coordina e impone el debate de propuestas ciudadanas. Los grupos de trabajos ciudadano canalizan las propuestas legislativas, a través de este órgano, y pueden proponer mociones de confianza y revocación a los altos  cargos del Estado, que se canalizaran mediante dicha institución.

viernes, 4 de julio de 2014

Colaborar vs compartir

Ni la crisis ha terminado, ni su fin va a ser como la mayoría esperan, pues de hecho nuestro futuro estará marcado por la incertidumbre. Si buscamos una característica en esta nueva era de la humanidad será básicamente eso…humanista. Y no porque un ideal utópico recorra el mundo, si no porque el nivel de desarrollismo que ha logrado la humanidad comienza a poner en peligro la propia existencia de la especie. La sociedad tendrá que volcarse en  nuevos valores que hagan sostenible el desarrollo de las personas, en un mundo tecnificado e hiper-explotado. Todo ello coloca a la ética hacker como una herramienta válida  para un uso pragmático en la búsqueda de soluciones.

Todas las ideologías, más o menos utópicas, han abogado por mejorar tanto el ámbito  individual como el social de la humanidad. Pero para su consecución  establecen una serie de conductas o actuaciones predeterminadas. Lo hacker incide en el bien común desde el individualismo libertario y sin más imposición que su propia ética de valores. No existen modelos vehiculares de lo “políticamente correcto”. No hay una familia modelo, ni una empresa modelo, ni ninguna institución o relación “correcta”. De hecho es la diversidad lo que enriquece el desarrollo individual y social. Esta ausencia del modelo correcto es lo que erradica la imposición sobre el diferente. Pero por contra dificulta la planificación de proyectos de sociedad al existir tantas prioridades como comunidades. La representatividad deja de ser un valor sólido, concluyendo que cada cual se representa a sí mismo. 
Así, el humanismo hacker solo puede basarse en unos pocos valores comunes, sobre los cuales construir una sociedad libre, de sano respeto y ausencia de coacción. Es una ampliación globalizada del concepto de humanismo,  con las personas y su entorno colaborando en la construcción de lo común.
Al contrario que otras formas de pensamiento, lo hacker, se basa en colaborar (trabajar en conjunto) más que en compartir (repartir). Viejas ideologías han basado la justicia social en compartir  la riqueza de forma igualitaria, o en compartir las sobras de forma caritativa. Ambas formas de repartición son injustas en cuanto a su falta de equidad o fomento de la desigualdad.
La única forma justa de aportación a la riqueza común es colaborando de forma corresponsable en el bien común.

La ejecución de un hackeo se basa en colaborar para su consecución, mostrar sus resultados abiertamente y ofrecerlos a la comunidad.

jueves, 29 de agosto de 2013

El fluir del crédito


Una de las consignas más repetidas por empresarios y políticos en los últimos tiempos es “En España no fluye el crédito”. Pero ¿es cierto?   ¿Se Necesita  que fluya más crédito en el Estado Español? Pues depende del tipo de crédito, para qué proyecto y para quien. Veamos.

Es claro que la concesión de crédito a la empresa ha descendido, e incluso el FMI advierte del hundimiento del crédito en España. En un ambiente de recesión y con un mayor riesgo en la viabilidad de los proyectos, es lógico que el crédito disminuya. Pero no olvidemos que los Bancos no conceden créditos porque sus activos se han devaluado después del estallido de la burbuja inmobiliaria y es más rentable financiar al Estado que a empresas y particulares.

 

Pero analizar el problema, me centraré en dos aspectos del mismo:
  • El Banco que concede el crédito: No es lo mismo un banco privado, libre para decidir su negocio, que un banco intervenido que se mantiene con una inyección de capital del Estado (o sea nuestro).
  • Actividad financiada: Tampoco es igual un crédito para una actividad que redunda en el bien común o en un cambio de modelo productivo deseado por la sociedad, que un crédito especulativo que pueda terminar en una socialización de la deuda mediante un rescate.
 
Para entender la situación, es preciso conocer que un crédito es la creación de dinero de la nada, con un mínimo respaldo de reserva sobre los depósitos (según el denominado coeficiente de caja o de reserva fraccionaria). Es decir, el Estado da una “licencia” a los Bancos para crear dinero.  Caso más flagrante es el de aquellas entidades en que el Estado ha aportado capital (intervención) y por tanto la sociedad es dueña (en parte) de dicho Banco.
Al final, la capacidad  para conceder crédito está en poderosas manos privadas, y concederán el crédito a quien quieran, en función de sus intereses, y no de la sociedad. Sin embargo, se han aprovechado, y siguen haciéndolo, tanto de una “concesión” de los Estados para crear dinero, como de la socialización de sus pérdidas. Es por ello, que la sociedad debería tener cauces de actuación sobre las entidades financieras, tanto intervenidas como no, más allá de la mera supervisión ejercida por los Bancos Centrales.
Respecto a la tipología de las actividades financiadas, nadie puede negar a quien asume el riesgo (el Banco), la capacidad para rechazar la concesión de un crédito. Ni el Estado ni nadie pueden obligarle a prestar su propio dinero. Por una parte, los bancos utilizan programas a análisis de riesgos (scoring) para limitar al máximo la posible morosidad, exigiendo avales que cubran la pérdida. Pero hay ocasiones en que el Estado les blinda por ley del riesgo asumido. Así ocurre en el caso de los créditos hipotecarios, dónde se pueden exigir avales extras, (más allá del valor del inmueble), e incluso la deuda puede persistir en el tiempo al no contemplar la dación en pago, mediante subterfugios que rozan la ilegalidad.
Pero lo realmente grave para la sociedad es que los Bancos nunca van a financiar cambios o innovaciones del modelo productivo. “La innovación que provenga del mercado será sólo incremental y cortoplacista” como dice Xavier Ferrás. “Todas las tecnologías que hoy sustentan grandes sectores emergentes, inexistentes hace unos años, han sido desarrolladas bajo sólido impulso público”. Es decir: No esperen que sean los Bancos y su crédito el que nos saquen de esta crisis. El cambio de modelo que necesitamos no estará financiado por los Bancos hasta que el nuevo negocio no esté consolidado y su riesgo de pérdidas minimizado. Es por ello, que para desarrollar los grandes proyectos de la humanidad, que requieren una visión intergeneracional a muy largo plazo, no podemos esperar financiación privada.
El crédito no es la panacea, e incluso ha sido parte del problema actual. Sectores muy liberales (como Daniel Lacalle,  cercano a la Escuela Austriaca) admiten que el crecimiento mediante la deuda es una droga, y por tanto incontrolable. Pero por desgracia, es una droga legal, y necesaria. Necesaria para el funcionamiento corriente de empresas y para el arranque de nuevos proyectos.
En resumen:
  • La ciudadanía tiene derecho a decidir o limitar cómo y en qué se concede crédito por parte de los Bancos, bien porque están intervenidos, o bien por que usan un coeficiente fraccionario para crear dinero.
  • Se deben incrementar y facilitar otros medios de financiación estatales y/o particulares para que la sociedad evolucione en una mejora del bien común.
Como conclusión apunto algunas ideas que ayudarían a mejorar el flujo de crédito, pero también a orientar el sentido del mismo hacia una salida de la crisis:
  • Establecer criterios de preferencia en la concesión de crédito, penalizando sectores o tipos de empresa, y beneficiando aquellos que la sociedad considera prioritarios.
  • Creación de impuestos y exenciones a empresas dependientes de dichas políticas.
  • Creación de organismos estatales que supervisen y validen la concesión de crédito, rechazando o incentivando créditos según su prioridad social. Reforma y ampliación del ICO para cubrir dichas funciones.Mejora de las políticas de crowfunding y/o crowlending, así como Business Angels en especial en:
  1. Mejora del tratamiento fiscal de los préstamos y donaciones de particulares.
  2. Integración en el ICO de actividades de financiación particular para proyectos sociales y/o altamente prioritarios.
  3. Garantía parcial del préstamo mediante fondos públicos.